Al menos 22 gobiernos estatales se endeudaron para garantizar la gratuidad de los servicios de salud que ofrece el programa IMSS-Bienestar, principalmente por cirugías o servicios especializados que se tienen que realizar en otras instancias.
El programa IMSS-Bienestar sustituyó en 2022 al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador—para dotar de servicios médicos y medicinas gratuitas a la población que no cuenta con seguridad social. Este nuevo sistema surgió para reemplazar al Seguro Popular, impulsado por las administraciones pasadas porque cobraba a sus derechohabientes cuotas de recuperación.
Con el programa IMSS-Bienestar, los gobiernos estatales entregaron su infraestructura de salud para que sea administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de organismos desconcentrados en unidades médicas de primer y segundo nivel que ofrecen servicios gratuitos a personas sin seguridad social.
Sin embargo, el traspaso no permite la atención a todos los que lo requieren porque no en todos los hospitales se cuenta con los servicios de especialidades, de ahí, a través de convenios de servicio se busca qué institución puede brindar la atención a cambio de una cuota cobrable entre instituciones y no al paciente.
Parte de la deuda de los estados se deriva de los convenios para enviar pacientes que requieren alguna cirugía o servicio especializado, que no se brinda en alguno de los 82 hospitales de segundo nivel con los que cuenta el IMSS-Bienestar, a instituciones como el ISSSTE o institutos nacionales o regionales de salud para su atención, lo cual genera un costo que la institución de origen debe pagar.
De acuerdo con el acta de la Cuarta Reunión Nacional de secretarios técnicos de los servicios estatales de salud —celebrada el 23 de febrero de 2023—, 22 gobiernos estatales reportaron adeudos con el ISSSTE, el SAT y diversos proveedores, mientras otras seis entidades recurrieron a la banca de desarrollo o a adeudos con las secretarías de finanzas de sus entidades para hacer frente a la gratuidad de los servicios y medicinas.
En el diagnóstico al que tuvo acceso El Sol de México, en al menos 13 entidades los pasivos representan 20 por ciento del presupuesto total disponible. La estimación de la Secretaría de Salud es que 70 millones 895 mil 824 mexicanos no cuentan con servicios médicos ni medicinas.
Se solicitó la postura del IMSS y hasta el cierre de la edición no hubo respuesta
En la reunión, encabezada por María Eugenia Lozano Torres en su calidad de secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud, se presentó el Semáforo de la Estructura Financiera en la que se midió “el nivel de endeudamiento acumulado de los OPD (Organismos Públicos Descentralizados de salud) a terceros institucionales, el ISSSTE y SAT, así como los no institucionales, en donde entran otro tipo de proveedores.
Ese semáforo mostró que entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán se encontraban entre las entidades con “adeudos acumulados” ante el ISSSTE y el SAT y otros proveedores.
El diagnóstico también presentó a las entidades que recurrieron a la banca de desarrollo o a convenios con las secretarías de Finanzas estatales, que incluyen pasivos diferidos, dictaminación de estados financieros por un auditor externo y la participación estatal en los costos de los mismos servicios.
Las entidades que recurrieron a este esquema son Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala
Los secretarios de Salud manifestaron en esa reunión su inquietud sobre el financiamiento de los servicios que ofrece el IMSS-Bienestar. La titular del ramo de Querétaro, María Martina Pérez Rendón informó que entre los pacientes que llegan a esos servicios se encuentran derechohabientes de otros sistemas y a ellos sí se les cobra a través de “cuotas de recuperación”.
Pidió al gobierno federal establecer mecanismos para que en los convenios de intercambio de servicios, las entidades que brindaron la atención puedan cobrar únicamente si existe una referencia médica que solicitó la atención.
El secretario técnico de los servicios de salud en Oaxaca, José Luis Ortega demandó certeza financiera, dado que en los lineamientos de programas y recursos “es necesario considerar la afectación que representa, no tener certeza en los tiempos en que se puede disponer de los recursos”.
Por su parte, José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California dijo que con este programa habría que considerar información en la que se ha eliminado el denominado gasto de bolsillo —gasto directo de las familias para solventar requerimientos de la atención de la salud— a fin de identificar el impacto de la gratuidad.
Andrés Castañeda, de la organización Cero Desabasto, dijo que el adeudo no pone en riesgo el modelo de salud para las personas que no cuentan con seguridad social.
“Lo que está pasando es que hay desorden administrativo y eso genera riesgos de corrupción y que son innecesarios. No deberíamos exponer las finanzas públicas a estos riesgos”, dijo.
Añadió que en este primer año el IMSS-Bienestar “ha estado operando con parches” y, desde el punto de la política pública no se debería ir resolviendo sobre la marcha, sino tener un plan y estructurarlo.
“Lo que pasa es que se tomaron decisiones apresuradas y hasta hoy no hay reglas de operación y ya se está solicitando el presupuesto”, agregó.
Al inicio del gobierno de la Cuatroté se propuso sustituir el Seguro Popular por el Insabi debido a que el primero imponía cuotas de recuperación en cirugías y medicinas entre la población sin seguridad social.
Pero esa propuesta estelar cambió hace un año al momento que el gobierno corrigió y el Insabi se dedicó a transferir recursos a los estados y encabezar la compra consolidada de medicinas, mientras se descuidó la atención de la salud de la población sin seguridad social, por ello la Cuatroté determinó crear el IMSS- Bienestar.
El 31 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Órgano Público Descentralizado (OPD), conocido como IMSS-Bienestar, luego de meses de trabajo entre las secretarías de Salud, Hacienda, del Trabajo, Bienestar, Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En aquel momento el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que a través de estos servicios se busca garantizar que la población tenga el mismo nivel de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad.
“Se brinda atención médica a la población sin seguridad social y en lugares remotos para garantizar el derecho a la salud”.
Al cierre de 2022 el IMSS-Bienestar reportó 27 mil 854 servicios que se ofrecieron en áreas como pediatría, medicina interna, geriatría, gineco-obstetricia y cirugías. Sinaloa fue la entidad con más intervenciones (mil 614) y Chihuahua con menos, (154).
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Al revisar el proyecto de Presupuesto de la Federación para 2024, la Cuatroté propuso un presupuesto de 138 mil millones de pesos para salud; 93.2 por ciento corresponderán al IMSS-Bienestar.
“Con el IMSS-Bienestar se prevé incrementar la capacidad instalada de los servicios de salud, a través de mejorar la infraestructura, el equipamiento, los recursos humanos y el abasto de medicamentos e insumos para la salud”, planteó el Ejecutivo federal al Congreso en el PEF, que espera su análisis y aprobación.
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