La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio cinco días al Gobierno federal para que acepte la Recomendación sobre las estancias infantiles, de lo contrario el organismo acudirá al Senado para que llamen a comparecencia a los titulares de las secretarías de Bienestar, Hacienda, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y DIF Nacional para que expongan la razón por la cual rechazan aceptarla.
"Estamos pidiéndole a las cuatro autoridades destinatarias, reconsideren; hay argumentos; lo pueden hacer; damos alternativas en la Recomendación. De no reconsiderar, nosotros, lo que dice el Artículo 102 Constitucional, apartado B, daríamos en conocimiento al Senado de la República, para que el Senado tomara su decisión, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de citar a los responsables.", dijo en conferencia de prensa, el ombudsman, Luis Raúl González Pérez.
Además, aseveró que la respuesta del gobierno para no acatar la Recomendación carece de argumentos legales y sólo se sustenta en descalificaciones.
"Este organismo nacional lamenta que en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como en elementos objetivos y verificables, hayan optado por formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político", dijo González Pérez en conferencia de prensa.
Rechazó que esta Recomendación busque perpetuar los casos de corrupción señalados por las autoridades, sino lo que se busca es proteger los derechos de los menores de edad y padres de familia.
"No se puede justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables, que por su propia naturaleza no son susceptibles de ser monetizado o compensarse con la entrega de 800 pesos al mes a los padres y madres cabezas de familia".
De acuerdo a los datos de derechos humanos, se presentaron 204 quejas por parte de cinco mil 340 personas agraviadas, mismas causas que son el origen de la Recomendación.
Criticó que entre los argumentos para rechazarla está que el DIF Nacional asegura que el Ejecutivo tiene la exclusividad de interpretar la forma de aplicar políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, cuando la facultad constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es verificar que el gobierno cumpla con su obligación de proteger y respetar los derechos humanos.
"Sería sumamente grave que lo señalado en la respuesta del DIF fuera reflejo de la verdadera visión del Gobierno de l República sobre el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México, ya que ello implicaría dejar de lado la primacía de leyes, instituciones, del respeto amplio y debido de los derechos humanos, para que una vez más se hicieran visibles, en nuestra escena pública y política, las tentaciones vinculadas al autoritarismo y al desconocimiento del Estado de Derecho. Confiamos en que las cosas no sean de este modo”, dijo el presidente de la CNDH.
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