Ante el envío unilateral de migrantes centroamericanos por parte de Estados Unidos, el Gobierno de México fijó su postura y dejó claro que no acepta ser el tercer país seguro, ya que un acuerdo de esta naturaleza implicaría “responsabilizarnos de lleno por su situación jurídica”, pero que aceptará a estas personas por respeto a sus derechos humanos.
Al leer el posicionamiento de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, vocero de la SRE, dijo que México ha sido informado por parte de la Embajada de Estados Unidos que en las próximas horas su gobierno presentará de manera unilateral en la garita de San Isidro, ubicada en Tijuana, a un grupo de 20 migrantes centroamericanos que iniciaron su trámite para obtener asilo en Estados Unidos.
Detalló que estas personas ingresaron a ese país a través del territorio mexicano y que “al parecer cuentan con un visa humanitaria expedida por el Gobierno de México, que les permite entradas y salidas múltiples en el territorio nacional”.
Por lo anterior, Roberto Velasco enfatizó que el Gobierno de México toma nota de que con esta acción, el Gobierno de los Estados Unidos da inicio a la implementación de la sección 235 B2C de su ley de Migración y nacionalidad.
“México reitera que no acepta un acuerdo de tercer país seguro con el Gobierno de Estados Unidos, ya que un acuerdo de esta naturaleza implicaría un compromiso vinculante de procesar en nuestro territorio todas las solicitudes de Estados Unidos de migrantes que pasen por nuestro país y responsabilizarnos de lleno por su situación jurídica”, enfatizó.
Dejó claro que el gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el vecino país, pero que en congruencia con la nueva política migratoria “reiteramos el compromiso con las personas migrantes y con los derechos humanos”.
“México suscribe y respeta el principio de no devoluciones, consagrado en el principio del derecho internacional conforme el cual ningún Estado podrá poner a un solicitante de asilo en el territorio de cualquier país en el que su vida esté en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones”, subrayó.
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