Asiete meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Berrelleza en Cerocahui, Chihuahua, la inseguridad persiste en la Sierra Tarahumara, pese a la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, aseguraron Jorge Atilano González, asistente del sector social de la Compañía de Jesús en México y Javier Ávila, conocido como el Padre Pato.
“Esto sigue igual, creo que es un reto muy fuerte que no ha sabido asumir el Gobierno estatal pero también para el federal porque no se le ve salida. La corrupción sigue ganando en este gobierno, impera la impunidad y hay indolencia”, afirmó en entrevista con El Sol de México el padre Ávila, quien radica en la Sierra Tarahumara desde 1975.
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Agregó que el asesinato de los padres Javier y Joaquín “alteró la existencia de las autoridades locales, estatales y federales porque no saben manejar, no pueden manejar o no quieren manejar los conflictos” que existen en la región.
La comunidad jesuita hizo ayer un llamado para que el fiscal recién nombrado en Chihuahua, César Jáuregui Moreno, castigue a los responsables del crimen y a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que detengan la violencia que aqueja a la Sierra Tarahumara.
“Hay muertes, hay secuestros, hay constantes incursiones de grupos armados; de repente se escuchan las balaceras, los enfrentamientos, en una situación de inseguridad que no es de ahora, que no surgió con el asesinato de los padres Javier y Joaquín, hace siete meses, sino que tiene décadas y que ha sido ignorada”, afirmó por su parte Jorge Atilano.
Ambos coincidieron en que los desplazamientos forzados y las amenazas en contra de los habitantes de la sierra siguen presentes. “Además, la detención de jóvenes por parte del crimen organizado es constante”, afirmó Atilano.
De acuerdo con el Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE), al menos cinco grupos criminales mantienen presencia en la Sierra Tarahumara: El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aliado con La Línea, los Salazares, los Salgueiro y Grupo de Gente Nueva en alianza con el Cártel de Sinaloa.
Tras esos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió en junio pasado mil elementos castrenses, el estado más de 300 policías y la Guardia Nacional a cerca de 200 elementos a San Rafael, Cerocahui, y Bahuichivo, comunidades pertenecientes a Urique. Las autoridades presumen que en esta zona está José Noriel N, conocido como El Chueco, presunto responsable de los homicidios.
Actualmente la Fiscalía General del Estado así como personal de la Sedena estiman que hay cerca de 800 elementos entre los diferentes niveles de gobierno que su principal tarea es capturar a José Noriel N.
Atilano y el Padre Pato aseguraron que la situación de violencia prevalece pese a la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegados en la zona tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
Además, lamentaron que después de transcurridos siete meses del delito cometido en la parroquia de San Francisco Javier, en Cerocahui, no se haya detenido al responsable.
“Han pasado siete meses desde los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín, junto a Pedro Palma y Paul Berrelleza, y la impunidad continúa, sin que se haya detenido al perpetrador y sin que la situación de la región se haya modificado sustancialmente”, señaló el Padre Pato. Asimismo, resaltaron que debido a la impunidad en el caso, existe miedo en los habitantes de la región, además que la violencia no ha cedido.
“Los jesuitas de México seguirán apostando por la memoria, denunciando la falta de justicia, pero también, anunciando con esperanza las alternativas a la violencia deshumanizante, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales”, afirmó el padre Atilano.
Ayer, al cumplirse siete meses de los homicidios, los Jesuitas celebraron una misa en la iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México, donde reiteraron su exigencia de justicia por el crimen.
Según las autoridades, hay indicios de que El Chueco sigue en la zona serrana de Urique escondiéndose en cuevas.
Sin embargo, la Fiscalía estatal ha dado a conocer que en los operativos que realizan son los habitantes quienes “alertan” al prófugo y es así como logra escapar de la intervención de la justicia.
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El pasado 13 de enero, el fiscal de Distrito Zona Occidente, Édgar Chaparro Venzor, comentó que los operativos han debilitado considerablemente el flujo de los recursos que obtenía El Chueco de actividades ilícitas que controlaba como la venta clandestina de cerveza en la sierra, así como a su personal operativo y sus bienes.
La misma corporación contó con el organigrama sobre la estructura de El Chueco, quien es uno de los operadores del grupo Los Salazar, quien mantiene una gran presencia en el denominado Triángulo Dorado que abarca Sonora, Chihuahua y Durango, y quien tenía el liderazgo para el Cártel de Sinaloa. Con información de Ricardo Holguin
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