WOLA y ONG's se manifiestan contra la Ley de Seguridad Interior

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y 10 organizaciones internacionales, se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior en México señalando que aprobarla sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México.

“De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba la Ley de Seguridad Interior”, señalaron.

Al exponer su postura en torno a la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados este jueves, las organizaciones señalan que han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

“Hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos” afirman.

Por ello, urgió al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. “El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos”

En este contexto, advierte que  el Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país, por lo que el debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.