Luego de que el Congreso de El Salvador aprobara un estado de excepción, el presidente Nayib Bukele ordenó aislar a los miembros de pandillas recluidos en prisiones del país.
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Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que "decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad" para que estén "todas las celdas cerradas 24/7", y agregó "Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus 'homeboys' no podrán ver ni un rayo de sol".
"Inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol", respondió a su vez el responsable de las prisiones del país.
En anteriores olas de violencia, Bukele ordenó la misma medida, que ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.
Luna es uno de los dos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente facilitar y organizar "varios encuentros secretos con la participación de líderes de pandillas encarcelados".
"Estos encuentros formaron parte de esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con líderes de pandillas", apuntó EU en diciembre pasado.
Posteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 576 personas detenidas tras el sangriento fin de semana que dejó 87 salvadoreños sin vida.
Debido al estado de excepción declarado por 30 días, los detenidos podrán permanecer bajo arresto administrativo hasta 15 días y sin derecho a defensa.
"Casi 600 capturas en solo DOS días... Y el RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN dura 30 días, prorrogables! Y no crean que saldrán libres", publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter la noche del domingo.
Alerta por suspensión de garantías judiciales
Ursula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), advirtió que, según la "Opinión Consultiva 09/87" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las garantías judiciales no pueden ser suspendidas en un régimen de excepción.
"La razón es simple: si se suspendieran, cualquier ciudadano/a estaría a merced de los superpoderes excepcionales del Estado, sin ninguna protección frente a posibles abusos", indicó la activista a través de su cuenta en Twitter.
Apuntó que las garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen el derecho a que se comunique la acusación y a tener una defensa técnica.
Violencia por pandillas sigue pese a plan de Bukele
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones y generado picos de violencia a través de los años.
El Salvador registró en 2015 el año más sangriento de su posguerra y se ubicó como el país más violento del mundo, aunque desde ese momento las cifras asesinatos comenzaron a disminuir paulatinamente.
La caída se acentuó con la llegada de Bukele al gobierno en junio de 2019 y el mandatario atribuyó esto a su denominado Plan de Control Territorial, cuyos detalles se mantienen en secreto.
La actual crisis de criminalidad se da en momentos en los que el gobierno tiene a más de 16 mil soldados en labores de seguridad, más de 22 mil miembros de la Policía y además cuenta con el respaldo incondicional del Parlamento, que le aprobó 109 millones de dólares para el mencionado plan de seguridad.
También cuenta con magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, Rodolfo Delgado, que se han mostrado cercanos a su gestión.
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