Elecciones en Cuba, se avecina el final de la era Castro

Eligen a 605 miembros de su Asamblea, de donde saldrá el sucesor de Raúl

  · sábado 10 de marzo de 2018

La imagen de Castro decoraba los centros de votación en 2017

Cuba elegirá este domingo a los 605 miembros de su Asamblea Nacional, un proceso sin sobresaltos donde el número de candidatos es igual al de escaños. Salvo por un detalle: De entre ellos saldrá en abril el sucesor de Raúl Castro.

Por primera vez en casi seis décadas, tras el liderazgo de los hermanos Fidel (fallecido en 2016) y Raúl, la presidencia de Cuba recaerá en alguien que no empuñó las armas en la revolución de 1959. El nombre del nuevo gobernante se conocerá el 19 de abril.

La fecha no es casual. Es el 57 aniversario de la victoria en Bahía de Cochinos (Playa Girón), "la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina".

Más de 8 millones de cubanos están llamados a ratificar tanto a los delegados de sus asambleas provinciales como a los 605 propuestos para el Parlamento, lista tamizada por una comisión de candidaturas que supervisa el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), único autorizado a existir.

- Sin partidos -

Los candidatos propuestos pueden o no ser miembros del PCC y provienen tanto de elecciones vecinales como de organizaciones sindicales y estudiantiles afines al gobierno. No participan partidos.

"No concurren partidos políticos ni se financian campañas, sino que la base para proponer y elegir a los candidatos es el mérito, la capacidad y el compromiso del pueblo", dijo Raúl Castro en 2017.

"Nadie canjea promesas por votos, ni se jacta de sus capacidades para conseguir adeptos (...) Ese es el rostro verdadero y excepcional de lo que nosotros llamamos con orgullo democracia socialista", escribe una articulista en el diario oficial Granma.

En la lista está garantizada la cúpula del PCC, entre ellos Castro -su primer secretario general- y los históricos de la revolución. Hay, además, 322 mujeres.

Después de las elecciones, el Parlamento designa a 31 miembros para el Consejo de Estado, quienes seleccionan entre ellos al nuevo presidente.

Raúl, de 86 años, cumple una década en el mandato, plazo límite fijado por él mismo para ejercer la presidencia en Cuba. Tanto cubanos de a pie como analistas creen que será reemplazado por el vicepresidente primero, Miguel Díaz Canel, de 57 años.

Díaz Canel, de las canteras del PCC, ha garantizado públicamente la continuidad. "Siempre habrá presidente en Cuba defendiendo la Revolución y serán compañeros que saldrán del pueblo", dijo en noviembre último. Sin embargo, se trata de un personaje nacido después de la revolución que no forma parte de los "históricos".

"Un ciudadano cubano ostentará la primera magistratura del país, pero no contará con la legitimidad que confirió el proceso triunfante en 1959, y su desarrollo posterior, a los dos líderes que ocuparon la dirección durante este lapso", opinó el académico Julio César Guanche, en el portal OnCuba.

Aseguró que su legitimidad provendrá más de la calidad de su "performance institucional", inclusión social en la toma de decisiones y protección de derechos, "que de la cualidad de la historia personal del futuro mandatario".

- Se vota pero no se elige -

De acuerdo con Rosa María Payá, promotora de una iniciativa de la disidencia llamada "Cuba Decide" para un referéndum que modifique el sistema de gobierno en la isla, su colectivo estará atento a señales "de rechazo a un proceso de votación, donde realmente no pueden elegir". Quienes se oponen suelen rayar la boleta de votación.

Los integrantes del opositor movimiento Otro18 también promueven cambios, indicó su dirigente Manuel Costa Morúa.

"Los ciudadanos no participan ni en la propuesta ni en la elección del presidente y creemos que éste es un momento fundamental para impulsar desde la ciudadanía una demanda" para el cambio en el sistema de elección, dijo.

Costa explicó que a nivel vecinal intentaron llegar con propuestas de candidatos propios, "pero hubo actos de repudio contra ellos, a algunos los encausaron en lo que podríamos llamar la judicialización de la política para impedir que los electores de las comunidades votaran por ellos".


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