Los soldados del Ejército se retiran este sábado de las calles de Guatemala, tras 18 años de apoyar a la Policía civil en el combate de la criminalidad.
"Este sábado es el último día que el Ejército presta apoyo a la Policía, a partir del domingo los soldados tienen que reconcentrarse en sus brigadas", dijo a la AFP una fuente del ministerio de Gobernación (Interior) que pidió el anonimato.
En las tareas de seguridad, el Ejército aportó unos 4.200 soldados que desde el año pasado comenzaron un retiro gradual. En la actualidad solo unos 2.000 apoyaban en esa labor, detalló.
El Ejército daba acompañamiento a la Policía en cinco de los 22 departamentos (provincias) del país y en los que había una mayor incidencia criminal, como el de Guatemala donde está asentada la capital.
El ministro de la Defensa, Luis Ralda, anunció el 7 de marzo el retiro de los militares de la seguridad pública como parte de un plan para priorizar el combate al crimen desde un plano civil pues unos 40.000 agentes integran la Policía.
El portavoz del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar Pérez, aseguró el sábado a la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) que desde el Consejo Nacional de Seguridad se determinó que el ministerio de Gobernación y la Policía ya adquirieron las capacidades para encargarse de la seguridad.
De acuerdo con el portavoz, ahora el Ejército se concentrará en resguardar las fronteras, el patrimonio cultural y natural del país, así como luchar en esas zonas contra el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas y contrabando.
La medida de pedir apoyo al Ejército había sido tomada en el año 2000 durante el gobierno del entonces presidente Alfonso Portillo, quien la justificó porque cada año se cometían más de 6.000 muertes violentas, una cifra que se redujo a 4.500 el año pasado.
En ese momento causó polémica debido a las acusaciones contra militares por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996), que en el 93% de los casos fueron atribuidos a los aparatos del Estado, según un informe de la ONU presentado en 1999.
Durante este conflicto, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, los militares se habían hecho cargo de la seguridad ciudadana del país. Pero con los acuerdo de paz del 29 de diciembre de 1996 se estableció que el Ejército dejara las calles a la Policía Civil y velara por la soberanía y control de las zonas fronterizas.
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