BRUSELAS, Bélgica. Alrededor de 200 alcaldes catalanes viajaron ayer a Bruselas para pedir “libertad” para los exmiembros del gobierno catalán destituido, que se encuentran en prisión en España a raíz de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
“Queremos que Bruselas nos escuche y que salgan nuestros compañeros de la cárcel. Esto no puede ser. Somos demócratas”, dijo José Fuentes, alcalde de Pont de Molins, un pequeño municipio de 500 habitantes situado a unos 20 kilómetros de la frontera con Francia.
La comitiva salió del aeropuerto barcelonés de El Prat rumbo a la capital belga, donde se encuentra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno a la espera de que los magistrados belgas resuelva la petición de entrega cursada por la justicia española.
El eurodiputado Josep Maria Terricabras, del partido independentista ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) indicó a los periodistas que la intención es que los regidores se encuentren también con Puigdemont, si bien no pudo confirmar detalles de ese eventual encuentro.
“Nos gustaría mucho por supuesto poder reunirnos con el gobierno en el exilio, entendemos que es el gobierno legítimo de Cataluña”, indicó Francesc Barbero, regidor de Flix (tres mil 600 habitantes), para quien resulta “triste” que “en 2017 en plena UE” deban coger un avión para verse “con el gobierno elegido en las urnas”.
Bajo banderas independentistas catalanas, los alcaldes se concentraron en el barrio europeo de Bruselas, entre las sedes del ejecutivo comunitario y del Consejo de la Unión Europea, al grito de “¡Llibertat!” (libertad) y detrás de la pancarta: “Freedom political prisoners” (Libertad presos políticos).
A unas decenas de metros de la manifestación, unas 15 personas se manifestaban por la unidad de España con banderas de este país de la UE y al grito de “¡Viva España!”. La policía belga velaba por la seguridad entre ambas concentraciones.
“Soy pura catalana, nacida aquí [en Bélgica] y vengo por la unidad de España”, dijo María Virgili, de 61 años, para quien la presencia de Puigdemont en Bruselas “viene a meter líos con los flamencos”. “No necestitamos tener ese lío”, agregó.
Anna Martínez, alcaldesa de Santa Coloma de Cervelló, estimó que las instituciones europeas “serían de gran ayuda como mediación” y “para evidenciar lo que España está haciendo con su justicia”.
Con el ejecutivo de Puigdemont destituido tras la declaración unilateral de independencia, suspendida por la justicia española, es el gobierno español de Mariano Rajoy quien ahora controla esta región del noreste del país hasta la celebración de unas elecciones regionales el 21 de diciembre.
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