Pegasus aún opera en varios países, advierte AI

LONDRES. Amnistía Internacional (AI) denunció que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía y el sector de la vigilancia continúa en varios países.

El laboratorio sobre seguridad de AI utilizó análisis digitales y metodologías de investigación de última generación para confirmar indicios de ataques e infecciones de numerosos teléfonos en todo el mundo el último año, indica AI.

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El laboratorio descubrió nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia, y confirmó que, en numerosos casos, se seguía utilizando para atacar a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.

Ahora hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes en Francia, India, México, Polonia y España, agrega la organización.

En Tailandia, decenas de activistas que reclaman reformas democráticas, incluida la de la monarquía, fueron espiados entre 2020 y 2021 con el programa Pegasus, develó ayer una investigación de The citizen Lab, el grupo de abogados tailandés iLaw, la organización Digital Reach y AI.

“Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, señaló Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech, grupo parte de AI.

En las últimas semanas trascendió que L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del software Pegasus, producto de NSO Group.

En tanto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU y sus agencias de aduanas, protección fronteriza y control migratorio han realizado “compras masivas de datos de ubicación” de celulares de ciudadanos sin orden judicial.

Archivos muestran que el DHS usó “millones de dólares de los contribuyentes para comprar información de ubicación de móviles” de ciudadanos -estadounidenses y extranjeros- a través de datos que le vendieron las empresas Venntel y Babel Street, añadió.