Buenos Aires.- Doce países latinoamericanos expresaron hoy su "preocupación" por la situación de Nicaragua y denunciaron la "violación de los derechos humanos" que se produce en ese país en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, informaron fuentes oficiales.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.
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Los Gobiernos de estos 12 países latinoamericanos denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" que se está produciendo en Nicaragua.
Anunciaron así su "más firme" condena a los hechos de violencia en el país que, como señalaron, "han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos".
En esta línea exigieron el cese de la violencia hacia la sociedad nicaragüense, el desmantelamiento de los grupos paramilitares e instaron a reactivar el diálogo nacional.
Los países transmitieron su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y mostraron su interés en que siga trabajando para hallar soluciones al conflicto.
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De la misma manera, agradecieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su seguimiento a la situación en el país, donde investiga los sucesos e insta al Gobierno de Nicaragua a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A su vez, aprovecharon para hacer un llamado al Gobierno nicaragüense, así como a otros actores sociales en pos de que se comprometan y participen en negociaciones pacíficas.
"Incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia", se concluye en el texto.
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Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
El estallido popular ha dejado cerca de 360 personas muertas, según organismos humanitarios.
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