Tijuana.- En el primer aniversario luctuoso de Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, los móviles de ambos asesinatos siguen siendo poco claros pese a los avances en las investigaciones.
En el expediente del reportero gráfico de fuente policiaca, la fiscalía sostiene que la causa fue la publicación de imágenes de un presunto criminal y su familia, pero la versión no parece concisa y menos aún, convincente.
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“Siento que tenemos verdades a medias”, dice Claudia Orozco, una de las más experimentadas reporteras en Tijuana, entrevistada al finalizar el acto conmemorativo que encabezó la familia de Margarito el pasado 17 de enero, exactamente a un año del homicidio.
En el caso de Maldonado López, originaria de Gómez Palacio, Durango, del móvil y de quien lo ordenó se sabe todavía menos.
A unos días de la sentencia contra los tres responsables de vigilar y ejecutar a su hermana de un disparo en el rostro cuando llegaba a casa el 23 de enero de 2022, Hugo Maldonado tenía una sola pregunta.
¿Quién pudo haberla odiado tanto como para querer matarla?
Hoy, seis hombres (cinco de ellos sentenciados), están en prisión por ambas muertes y según la Fiscalía General Estatal (FGE), todos tienen en común ser delincuentes al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF).
Algo que para Artículo 19, organización promotora y defensora de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información, no es suficiente para entender el móvil.
“Si bien es muy claro que posiblemente estos presuntos perpetradores vinculados a delincuencia organizada sean quienes hayan tirado el gatillo, sigue sin quedar claro cuál fue el motivo”, dice Pedro Cárdenas, coordinador de Protección en Artículo 19 México.
Desde esa organización, afirma, notan que “Baja California ha tenido una escalada de violencia en los últimos años en agresiones contra la prensa”.
Y aproximadamente en 60% de los casos, continúa, la agresión viene de una autoridad: funcionarios, fuerzas de seguridad civil y en menor medida fuerzas armadas como la Guardia Nacional en coberturas de temas migratorios.
En su informe del primer semestre de 2022, Artículo 19 incluyó los asesinatos de Lourdes y Margarito entre los nueve a nivel nacional que hasta ese momento tenían vínculo con su labor periodística en temas de corrupción política y seguridad pública, respectivamente.
Estos dos, junto a la cobertura relacionada con derechos humanos, son los tres principales detrás de las agresiones a nivel nacional.
“Cubrir dichos temas se vuelve peligroso para los y las periodistas convirtiéndoles en posibles víctimas del crimen organizado”, consignó.
La misma Claudia Orozco, mientras documentaba hace unos años la escena de una privación ilegal de la libertad en una colonia de Tijuana, estuvo en riesgo cuando un grupo de hombres le impidió realizar su labor mediante amenazas y bloqueando la cámara de video, ante una autoridad pasiva.
“Lo hacían enfrente de ellos y la Policía no más veía, no hacía nada”, recuerda.
Margarito: autoría intelectual en litigio
Con sus 25 años de ejercicio periodístico y el dolor de haber perdido en “Mago” a un colega cercano, Claudia no cree en la afirmación de la fiscalía sobre el móvil del asesinato.
Según los datos de prueba presentados en las audiencias contra José Heriberto Ochoa Díaz, (a) “El Huesos”, responsable de grabar el asesinato con un celular; Adrián y/o Manuel Ramos, (a) “El Uber”, quien jaló el gatillo del arma calibre 9 mm, y Christian Adán, (a) “Cabo 16”, acusado de ordenar el crimen siguiendo instrucciones, Esquivel Martínez fue asesinado por publicar imágenes del “Cabo 20” y su familia.
Esa es la versión que no resuelve todas las dudas, sostienen Artículo 19 y periodistas como Orozco.
“Porque un medio dijo: ‘Fue por esto’, casi, casi siento que la autoridad dijo: ‘Sí, sí, por eso. Ya dijeron ellos que fue por eso, vamos a decir que fue por eso’. Ni siquiera estoy convencida de esa versión”, comenta ella.
“Tenemos verdades a medias y lamentablemente creo que no vamos a saber nunca la verdad”, agrega.
David Jiménez, (a) “El Lobo” y/o “Cabo 20”, está preso en Tecate desde el pasado 14 de noviembre acusado de un homicidio que habría ordenado porque la víctima no quiso vender drogas para él, aunque la fiscalía lo sigue considerando “persona de interés” para la investigación de Margarito.
“Cabo 16”, en cambio, fue el único de los tres imputados por el homicidio que el pasado 12 de diciembre no aceptó la acusación de coautoría intelectual a cambio de una reducción de pena, e irá a juicio oral a partir del 28 de abril de este año.
“El Huesos” y “El Uber” sí negociaron con la fiscalía y al reconocer su responsabilidad sin ir a juicio fueron sentenciados a 25 años de cárcel, cinco años menos de lo que establece el Código Penal del estado por homicidio, pero sin derecho a otra reducción en el futuro.
Además de la autoría intelectual, en el expediente de Margarito la autoridad investigadora no ha presentado el arma homicida que según la indagatoria fue enterrada en un cerro.
El testigo, que dijo conocer la ubicación y declaró contra los tres hombres que hoy están en prisión, fue asesinado en abril del año pasado, dijo la fiscalía en la más reciente audiencia.
Ricardo Iván Carpio, fiscal general de Baja California, aseguró a Tijuanapress.com que ese crimen no perjudica la investigación y que la víctima no aceptó protección.
El día que familiares y periodistas se unieron para recordar a Margarito, su esposa María Elena Frausto reconoció los avances de las autoridades, pero también que aún tiene miedo.
“Sí, pero es nada más un viaje relámpago”, dijo.
Su temor está justificado cuando organizaciones saben que las agresiones pueden alcanzar al círculo más cercano de quienes trabajan por el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Artículo 19 dijo en su informe del primer semestre de 2022 que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya lo observó.
“El hecho de que la violencia se extienda -cada vez con mayor frecuencia- a las y los familiares de periodistas, pone de manifiesto la degradación de las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo y pone en cuestionamiento la vigencia del Estado de Derecho para quienes ejercen el oficio en México”, informó.
Lourdes: ni móvil ni autoría
El asesinato de Lourdes Maldonado, cuando celebraba publicamente un triunfo en el conflicto laboral que sostenía con el ex gobernador Jaime Bonilla, es hoy el expediente con menor claridad en cuanto al móvil.
Hugo Maldonado dice que el acuerdo entre la fiscalía y los tres hombres que aceptaron su responsabilidad en procedimiento abreviado, aprobado por él, fue la mejor opción en ese momento.
“Se les dio un tercio de la sentencia que pudieron haber tenido, sí, pero todo es debido a las circunstancias, al caso como iba y a cosas que yo no puedo hablar con nadie”, dijo.
Erik Eduardo Contreras Ramos y Kevin Alberto Villarino Hernández, de 30 y 19 años de edad, respectivamente, pasarán 20 años en prisión, mientras que Guillermo Julián Castro Garzón, de 23 años, recibió 24 años de cárcel.
El primero condujo el taxi libre que merodeó la vivienda de Lourdes Maldonado, el tercero le disparó a corta distancia y el más joven del trío los acompañó hasta la huida en el mismo vehículo, según lo que relató la fiscalía.
Pero en comparación con Margarito Martínez, en las audiencias públicas por la muerte de la periodista que pidió protección al presidente Andrés Manuel López Obrador por el conflicto con Bonilla Valdez, no hubo ninguna mención sobre quién habría ordenado el asesinato y por qué.
A lo largo de este primer año, las declaraciones de la fiscalía han sido poco concretas apelando a la secrecía de la investigación, sin descartar ningún escenario.
Esta semana, con motivo del aniversario luctuoso de los dos asesinatos, el fiscal general Ricardo Iván Carpio insistió en que culminarán el trabajo.
“Que no quede duda que esos esfuerzos se van a desarrollar, se están desarrollando, indistintamente del tiempo que transcurra, esa determinación es permanente”, declaró a medios en entrevista durante una graduación de nuevos policías.
Investigaciones sin autores intelectuales castigados como hasta ahora en los casos de Lourdes y Margarito no sorprenden mucho a Artículo 19 México.
Pedro Cárdenas dice que a lo largo de los años y administraciones de los distintos niveles de gobierno esto ha sido un patrón en el país.
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“Se nos presenta este discurso de: La delincuencia organizada agrede por el simple hecho de agredir. Cuando en realidad la delincuencia organizada también tiene una razón de agredir a la prensa, de buscar silenciar estas voces, y en muchas ocasiones existen vínculos políticos, quizás más para el caso de Lourdes”, dice el coordinador de protección.
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