Para los habitantes de Amilcingo, comunidad de Temoac, Morelos en la que vivía el activista Samir Flores Soberanes y en la que fue asesinado el 20 de febrero de 2019, la recomendación emitida este miércoles por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llega demasiado tarde, no sólo por el tiempo que ha pasado desde la muerte del opositor a la termoeléctrica de Huexca, sino porque las recomendaciones que establece han formado parte de las exigencias de la comunidad desde un principio.
“Eso de la negligencia no es nuevo. Esto ya lo sabemos desde un inicio, que decíamos que el caso fuera atraído a la Fiscalía General de la República (FGR). Nosotros giramos el documento a la CNDH desde un inicio y no lo hizo. Después de tres años y tres meses lo hace y es algo que ya sabemos, no es nada nuevo”, dijo Jorge Velázquez Escalvazeta, habitante de la localidad y allegado a la familia del activista.
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En su recomendación, la CNDH hace varias solicitudes a la Fiscalía General del Estado (FGE) por violaciones al acceso a la justicia tanto al activista como su familia.
El documento hace referencia a una de las solicitudes planteadas por el colectivo Amilcingo en resistencia y otras organizaciones no gubernamentales en torno a abrir una línea de investigación enfocada en el activismo de Flores Soberanes, quien fue uno de los opositores más activos al Proyecto Integral Morelos (PIM) y la central de ciclo combinado de Yecapixtla, teniendo en cuenta que un día antes de su asesinato encaró al entonces delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, en el municipio de Jonacatepec, como parte de un foro informativo sobre el PIM.
“Las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima”, se lee en el documento.
Por su parte, Velázquez Escalvazeta insiste la extemporaneidad de dichas solicitudes, entre las que también destaca el brindar atención médica, psicológica y tanatológica a las víctimas:
“Lo piden tres años después, cuando la familia de Samir, desde la mamá, el papá, sus hijos y su esposa ya estuvieron con el psicólogo, ya estuvieron en terapia por la parte más humanitaria y comunitaria que se buscó”, dijo.
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Finalmente, el vocero del colectivo exigió a la FGE presentar resultados en torno al caso, luego de la detención de uno de los posibles involucrados en el homicidio, anunciada en septiembre de 2021 y que tampoco estuvo exenta de cuestionamientos, ya que el detenido se encontraba privado de su libertad por diversos delitos.
Nota publicada en El Sol de Cuatla
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