Policías de Campeche salen a "botear" por falta del pago de sus quincenas

CAMPECHE. Alrededor de 800 policías de seguridad estatal de Campeche salieron a “botear” a las calles, luego de casi dos meses de no recibir sus pagos quincenales, ni apoyos extraordinarios, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (Sefin).

Los elementos de seguridad se han mantenido en protesta, desde el pasado 16 de marzo, por los daños ocasionados en el operativo fallido del Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Kobén, y no han dejado de exigir la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez.

El conflicto tiene 67 días, desde el pasado 15 de marzo, cuando Muñoz Martínez ordenó extraer a prisioneros del principal penal de Campeche, pero los errores de los altos mandos dieron como resultado, cuando menos, 50 lesionados.

Sociedad

Dejan sin quincena a 900 policías en Campeche

Ello derivó en la toma de las instalaciones el 16 de marzo; así como tres marchas de miles de personas, incluyendo líderes y candidatos de oposición, quienes han lanzado consignas contra la gobernadora Layda Sansores San Román por mantener en el cargo a la titular de Seguridad, y solicitado el voto de castigo contra Morena.

El lunes pasado, el ahora exdirector de Asuntos Internos de la SPSC, Víctor Sánchez Ortiz, protagonizó una pelea contra policías inconformes que acudieron a reclamar el pago de las quincenas de 90 elementos y los apoyos económicos de más de 800 policías, en la sede alterna de la dependencia, ubicada en la Academia de Policía (el edificio principal permanece tomado); lo cual dejó un saldo de al menos cuatro personas golpeadas (dos mujeres y dos hombres), así como un periodista agredido.

Las mujeres lastimadas fueron María Candelaria Castillo Pérez, una de los siete policías cesados por órdenes de Muñoz Martínez; y Guadalupe Moral López.

El periodista, cuya cámara rompió Sánchez Ortiz, ya presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el funcionario, quien fue relevado de su cargo por el subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Jesús Contreras Ramírez.

Los manifestantes recibieron un nuevo oficio, el SG/OT/090/2024, del secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, Armando Toledo Jamit, mediante el cual se les informa que la representación estatal de la Secretaría de Gobernación le pidió una reunión interinstitucional entre la Unidad de Protección de Derechos Humanos de la citada dependencia federal y los involucrados, pero que los elementos de Seguridad nombren “una comisión de policías que los represente”.

Los inconformes externaron públicamente que desconfían de Toledo Jamit y la gobernadora Sansores, pues anteriormente ya habían nombrado a un grupo de siete representantes para una reunión, y de aquellos, siete ya fueron despedidos.

José Alejandro Grajales Chab, uno de los voceros del movimiento, que fue cesado pero continúa protestando, dijo que no han decidido si nombrarán a nuevos compañeros suyos, pero el oficio lo responderán con las pruebas cronológicas de lo que consideran agravios en contra de los más de 800 que aún permanecen en protesta, pese a que unos 400 han abandonado la manifestación.

Por otra parte, el policía Joaquín Chan Ehuán denunció públicamente que elementos ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General estatal lo persiguieron desde una camioneta con placas CR 8122A, con una orden presuntamente emitida por un juez, exigiendo la entrega de la patrulla 667 a su cargo; sin embargo él no accedió, por considerar que no está facultado para hacerlo.

Narró que lo persiguieron dos camionetas, ante lo cual optó por manejar hasta su domicilio en Colonia Presidentes, para refugiarse, dejando la patrulla estacionada enfrente, donde llegaron las dos camionetas, de las que descendieron varios hombres con chalecos antibalas, uno de ellos le mostró un documento y dijo que se trataba de una orden girada por un juez para que le entregara el vehículo oficial.

El pasado 17 de abril fue el primer intento de la SPSC de quitar motocicletas, autos y camionetas, que utilizan los aún manifestantes para continuar patrullando la ciudad. El oficial Arturo Martínez Pech dijo que les habían reclamado “400 unidades vehiculares, pero sólo existen menos de 100 en todo el estado”.